Hondo pesar ha causado el deceso del ex juez, jurisconsulto, intelectual y político Salvador María Lozada, a los 90 años, recordado por su intervención en el Caso Swift-Deltec en 1972, que desató una tormenta política en las postrimerías del gobierno militar de Alejandro Agustín Lanusse y que le valdría ser conocido entonces como “el juez que no se compra”. Nacido en Buenos Aires, se había especializado como abogado en Derecho del Trabajo, tras su paso por los claustros de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Córdoba. Sus inquietudes lo llevaron a ejercer con pasión su profesión así como la docencia, y pronto llegó a dos cátedras en la Universidad de Buenos Aires –“Institución del Derecho Público”, en Ciencias Económicas, y “Derecho Constitucional”, en Derecho- y con 32 años se constituyó como juez en lo Comercial en los Tribunales porteños.

En esa tarea debió ocuparse de la quiebra de la empresa Swift de La Plata, asunto que devino en un fallo histórico de Lozada en noviembre de 1972, cuando destituyó al directorio de la empresa, rechazó los créditos de la empresa multinacional Deltec sobre Swift y dejó al descubierto mecanismos monopólicos y oscuros del negocio de la carne. El caso, considerado “leading case” en el que expresó su doctrina de los conjuntos económicos, recordó la defensa del patrimonio que había hecho en los años 30 Lisandro de la Torre. En ese entonces recibió el premio General Enrique Mosconi que otorga el Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, “por su actuación en defensa del patrimonio nacional”. Más adelante en el tiempo, fue galardonado con el premio Sarmiento, que entrega el Congreso de la Nación.

Con los años, el caso tuvo otras instancias durante el Gobierno militar, en el cual Lozada fue destituido de sus cargos docentes. Él profundizó su estudio sobre las relaciones laborales, que ya se había explicitado en libros como “Empresas multinacionales” (1973) y “Derecho constitucional argentino” (1973), así como en otros posteriores como “Derechos humanos e impunidad en Argentina. De 1974 a 1999”. Luego sería abogado de las víctimas del hundimiento del Crucero General Belgrano, ocurrido durante la guerra de Malvinas. Recorrió el país de punta a punta y patrocinó a las víctimas en la querella.

En 1981 fundó en Belgrado la Asociación Internacional de Derecho Constitucional. La labor del intelectual siguió a la del magistrado y mostró los múltiples intereses de Lozada, muchos expresados en conferencias o en artículos en LA GACETA Literaria, referidos tanto a aspectos de la Literatura y de la Filosofía –Kant, Mounier- como a las inquietudes por los grandes problemas nacionales, entre ellos deuda externa y derechos humanos. En la nota “Corrupción, ética y sociedad civil” (2001) expresaba “la necesidad de cambio de rumbo y de responsabilidad frente a las futuras generaciones” y en “Ahogarse en agua de borrajas” (1996), al criticar la cultura de la impunidad, “disfrutada por los escalones superiores de la sociedad, particularmente su clase política”, advertía su preocupación de que “esa anomia llegue a una intensidad tal que nos ahogue a todos como sociedad”. Apasionado, culto, frontal, Salvador María Lozada deja una profunda huella, vinculada a su esposa, María Helena García Hamilton, y sus descendientes. Siempre mantuvo la ilusión de mejora del país y de sus instituciones. En “El cultivo del compromiso”, abogó sus esperanzas de que esto contribuya “a una vida pública menos superficial, más independiente del circo mediático, más genuina, con mayor lugar para la justicia y para el desarrollo humano integral”.